Opinión

Los riesgos ocultos del dinero digital

La transición global hacia el dinero digital está en marcha, impulsada por promesas de eficiencia, seguridad y modernización de los sistemas financieros. Sin embargo, esta evolución amenaza principios tan fundamentales de la sociedad como la privacidad y la libertad.

El primer gran riesgo asociado con el dinero digital es la centralización del poder económico y financiero. Las monedas digitales del Banco Central (CBDCs) son un claro ejemplo de cómo el Estado podría obtener un control sin precedentes sobre todas las transacciones financieras. Tal como advirtió recientemente el senador australiano Ralph Babet, este control podría conducir a un panorama donde «la libertad que nos queda» se vea significativamente reducida, al permitir un seguimiento exhaustivo y potencialmente invasivo de todas las actividades económicas de los ciudadanos.

La posibilidad de que las transacciones digitales sean monitoreadas aumenta exponencialmente el potencial para la vigilancia por parte de gobiernos y corporaciones. Este seguimiento detallado no solo pone en riesgo la privacidad individual, sino que abre la puerta a un control social más amplio, donde el acceso a los recursos financieros puede ser fácilmente restringido o condicionado a comportamientos específicos, erosionando así la libertad personal.

En un escenario dominado por el dinero digital y las Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDCs), los gobiernos y entidades reguladoras podrían ejercer un control sin precedentes sobre las transacciones financieras de los ciudadanos, no sólo en términos de trazabilidad sino también influyendo directamente en qué comprar, cuándo y dónde hacerlo. Este nivel de supervisión y control podría tener profundas implicaciones para la libertad económica y personal. 

Los gobiernos podrían usar CBDCs para promover o desincentivar ciertos comportamientos de consumo mediante incentivos financieros o restricciones. Por ejemplo, imponer tasas adicionales sobre productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente.

Podrían establecerse limitaciones temporales sobre el uso de ciertos fondos digitales, obligando a los ciudadanos a gastar su dinero en un periodo específico. Esto limitaría la libertad de los individuos para decidir cuándo es el mejor momento para realizar sus compras.

Los estados podrían restringir el uso de CBDCs a compras dentro de ciertas áreas geográficas, limitando la capacidad de los ciudadanos para comprar productos o servicios fuera de su región o país, afectando la competencia y la libertad de elección.

Mediante el seguimiento y la regulación del uso de CBDCs, un gobierno podría prohibir o limitar la compra de ciertos tipos de productos o servicios, basándose en criterios de salud pública, seguridad o moralidad. Esto podría llegar hasta la censura de libros, música o contenido digital que consideren inapropiado.

Los programas de asistencia gubernamental podrían condicionarse a que los fondos se gasten en artículos «aprobados» por el estado, como alimentos nutritivos, educación o salud, controlando así cómo los beneficiarios utilizan estas ayudas. 

Estos ejemplos reflejan preocupaciones legítimas sobre el potencial para un control gubernamental invasivo en un futuro dominado por el dinero digital. La clave estará en garantizar que la tecnología avance sin comprometer los valores fundamentales que sostienen nuestras sociedades libres.

Alfredo Alcázar

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